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García Luna, una “Catarata de propiedades”.

Genaro García Luna de policia a magnate del ‘Real Estate de Miami’

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Por Anabel Hernández enero 12, 2020.

El ex Secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, acusado por narcotráfico en la Corte de Distrito Este de Nueva York, adquirió seis propiedades de lujo en Florida, valuadas en unos 5.10 millones de dólares, junto con su esposa Linda Cristina Pereyra, entre agosto y noviembre de 2018.

En diciembre, el periodista Julio C. Roa presentó esta información para la cadena La Octava y la plataforma digital Sin Censura, dirigida por Vicente Serrano.

La periodista Anabel Hernández realizó las gestiones necesarias para tener acceso, en Estados Unidos, a la información de los registros públicos de la propiedad y presentar, en esta ocasión, para Aristegui Noticias el reportaje en donde muestra los documentos e información puntual, con la que acreditan las adquisiciones hechas directamente por García Luna y su esposa.

La periodista, autora del referencial libro “Los señores del Narco” y “El Traidor”, un libro de alto impacto publicado a fines del año pasado, presenta esta pieza , con la información conocida, como adelanto al análisis que hará del alcance e implicaciones de dicha información y lo que significa en el actual contexto judicial por el que atraviesa el ex funcionario federal.

El análisis y explicación de estos documentos será presentado por Hernández en la emisión de “Aristegui en Vivo” de este 13 de enero y en un video realizado, ex profeso, para ampliar y analizar la información obtenida sobre las propiedades de García Luna y su esposa.

En tan solo cuatro meses, de agosto a noviembre de 2018, cuando el gobierno de Estados Unidos ya había iniciado una investigación en su contra, el ex Secretario de Seguridad Púbica Genaro García Luna junto con su esposa Linda Cristina Pereyra, gastaron 5.10 millones de dólares -el equivalente a 96.10 millones de pesos-, en la compra de 6 propiedades, según los registros públicos de la propiedad del condado de Miami-Dade consultados por la autora de este reporte y de los cuales se tiene copia.

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Se trata de una oficina, cuatro despachos en una torre médica, y un departamento. Todos ubicados en el nuevo, moderno y lujoso complejo comercial y residencial llamado Aventura ParkSquare, en Aventura, Florida.

En este reportaje se presenta información pública que da cuenta de las propiedades en Estados Unidos directamente adquiridas por el ex jefe policiaco quien ahora se encuentra bajo proceso en la Corte de Distrito Este de Nueva York acusado de traficar cocaína a Estados Unidos desde 2001, haber recibido millonarios sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección, y falsedad de declaraciones.

El 20 de noviembre de 2018, cuatro días después de que García Luna comprara la sexta propiedad en Aventura ParkSquare, el narcotraficante Jesús Zambada García, declaró en el juicio contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, que entre 2005 y 2006 estuvo presente cuando García Luna recibió al menos seis millones de dólares en sobornos por parte de su hermano Ismael “El Mayo” Zambada, el jefe máximo del Cartel de Sinaloa. Y que el Cartel de los Beltrán Leyva le habría pagado sobornos al entonces jefe policiaco por cerca de 50 millones de dólares.

Aventura ParkSquare, donde se encuentran las seis propiedades adquiridas por García Luna y su esposa, fue construido en 2018 y diseñado por el prestigiado despacho Zyscovich Architects. Se trata de un complejo conformado por cinco edificios destinados a comercios, oficinas, residencias, hotel y torre médica. Se localiza en el corazón de Aventura, una moderna zona comercial y residencial ubicada entre North Miami Beach y Hallandale Beach, y forma parte del Condado de Miami-Dade.

Las propiedades de García Luna son: una oficina en la torre 2, llamada Class- Offices, destinada a oficinas. Un departamento en la torre 1 Residences, destinada a uso residencial, y cuatro oficinas o consultorios médicos en la torre 4, llamada Wellness Center, donde se encuentran las instalaciones médicas Health Gains.

Las seis propiedades ahora descubiertas fueron adquiridas directamente por las empresas GL & Associates Consulting LLC, creada por García Luna el 4 de diciembre de 2012, según el acta constitutiva de la empresa obtenida en el registro público de la División de Corporaciones de Florida. Y la empresa Delta Integrator LLC creada el 25 de abril de 2013 por Linda Cristina Pereyra, quien quedó como Presidenta, Secretaria y Tesorera de la compañía. Y en noviembre de ese mismo año fue añadido Genaro García Luna como propietario de la empresa junto a su esposa.

Ahora que García Luna está bajo proceso en la Corte federal de Distrito Este de Nueva York la oficina que compró está a la venta por 1.39 millones de dólares, las cuatro oficinas en el Wellness Center se venden en 3.22 millones de dólares, y el departamento se ofrece en renta.

Oficina en edificio de lujo

La primer propiedad adquirida se ubica en 2980 NE 207 St, Aventura, Florida, Unidad 507. Se encuentra en el quinto piso y se trata de una oficina de 178.9 metros cuadrados según los registros de propiedad del condado de Miami-Dade. De acuerdo a estos registros oficiales, de los cuales se tiene copia, el dueño de esta propiedad es GL & Associates Consulting LLC, y se compró el 30 de agosto de 2018 por la cantidad de 1.22 millones de dólares (23.08 millones de pesos).

García Luna ha tratado de hacer invisible su propiedad de la empresa GL & Associates Consulting LLC, y en los reportes anuales que por ley deben entregarse a la División de Corporaciones de Florida ahora solo aparecen los nombres de supuestos ejecutivos de la compañía: Cesar Andrés Giraldo y Gabriel Diaz-Sarmiento. En realidad ellos son agentes que ofrecen el servicio de creación de empresas en el estado de Florida. Lo mismo intentaron hacer García Luna y su esposa con Delta Integrator LLC y Restaurants & Beverage, quedando como ejecutivos visibles Giraldo y Diaz Sarmiento.

Sin embargo, en las actas constitutivas de las tres empresas de las cuales se tiene copia los propietarios siguen siendo García Luna y su esposa.

Además de que es público que García Luna es el propietario de la firma de consultoría GL & Associates Consulting LLC, y de GLAC Security, Technology, Risk Management, según informó Santiago Nieto, titular de la UIF en diciembre pasado, en conferencia de prensa.

El 10 de diciembre pasado el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos dio a conocer la detención de ex Secretario de Seguridad Pública Federal, en Dallas Texas, para cumplir una orden de arresto girada por la Corte de Distrito Este de Nueva York que acusa a García Luna de tres cargos criminales por tráfico de cocaína desde 2001, cuando era titular de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox, y como titular de la SSP durante el sexenio de Felipe Calderón. Además, lo acusan de falsedad en declaraciones al gobierno americano. Por estos cargos podría ser sentenciado de 10 años de prisión hasta cadena perpetua.

El caso de García Luna quedó asignado formalmente al Juez Brian Cogan, el mismo que sentenció en 2019 a “El Chapo” Guzmán a cadena perpetua, más 30 años de prisión y confiscación de todos sus bienes.

El 3 de enero pasado García Luna fue presentado en la Corte y se declaró inocente, aunque ese mismo día, a través de su abogado Cesar De Castro, comenzó a entablar negociaciones con la Fiscalía para evitar ir a juicio. La próxima audiencia se llevará a cabo el 21 de enero.

Hasta ahora el ex jefe policiaco se había escudado en que las lujosas residencias en las que vivió en Florida de 2012 a 2018, no eran propiedades suyas. Formalmente se adjudicaban la propiedad dos empresarios amigos suyos, Jonathan Alexis Weinberg Pinto y su padre Mauricio Samuel Weinberg López, propietarios de la empresa ICIT Private Security México creada en la Ciudad de México en 2011, dedicada a servicios relacionados con la seguridad, cuyo permiso de operaciones fue otorgado por la SSP cuando García Luna era el titular.

Actualmente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador investiga a los Weinberg por triangulación de recursos a empresas de García Luna y cuentas bancarias de él y su familia. Esto forma parte de las mismas investigaciones que la UIF está realizando en torno a GL & Associates y GLAC.

De acuerdo a fuentes de información del gobierno de Estados Unidos consultadas y que estuvieron involucradas en el inicio de la investigación contra Genaro García Luna, los Weinberg también son investigados en ese país como parte de la red financiera en torno al ex secretario.

Por Anabel Hernández.

Felipe Calderón y la transformación del Cártel de Sinaloa

Por Andrés Roche / Editor

Enero 6, 2020.

El cartel de Sinaloa inició una transformación que lo llevaría a la cúspide de las organizaciones criminales del mundo durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006). Se consolidó con el de Felipe Calderón (2006-2012). Se trató de una innombrable “reforma estructural” del viejo sistema político mexicano, la del narcotráfico.

Algunas investigaciones, realmente pocas, dieron cuenta de la guerra simulada contra los cárteles de la droga y de cómo el Cártel de Sinaloa fue utilizado por el gobierno de Felipe Calderón para “limpiar” el país, cualquier cosa que eso signifique. Destaca una por provenir de los círculos castrenses. Fue concluida en 2012 y lleva por título La estrategia nacional contra la delincuencia organizada y su impacto en la seguridad nacional.

Luego de la detención en Estados Unidos de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón y pieza fundamental de la supuesta “guerra” contra el narco, las revelaciones de esa investigación adquieren una nueva lectura. En Contralínea dimos cuenta de tal estudio desde agosto de 2012 bajo el título “La mano útil del Cártel de Sinaloa” .

Tal investigación es de tres militares mexicanos que incluso fueron funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón: el general de división diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García Ochoa, el contralmirante cuerpo general diplomado de Estado Mayor José Luis Arellano Ruiz, y el capitán de navío cuerpo general diplomado de Estado Mayor Antonio Velasco Ríos. El primero, del Ejército Mexicano; los dos últimos, de la Armada de México. García Ochoa se desempeñó como director general de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y tuvo posibilidades de convertirse en secretario.

El ensayo fue sostenido conjuntamente por los tres militares en marzo de 2012 ante sinodales del Centro de Estudios Superiores Navales, la escuela de mandos más importante de la Secretaría de Marina (Semar). Con ello, los mados militares obtuvieron el grado profesional de maestros en seguridad nacional. En el trabajo se señala sin ambages que durante el calderonismo lo que se buscó fue sobordinar a todos los cárteles a uno solo, el de Sinaloa

La “estrategia” del gobierno de Calderón no fue nunca busca acabar con el narcotráfico, sino subordinar a todas las bandas pequeñas en una sola organización delictiva. Mientras, la función de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal fue “sacar a la vista la fruta podrida” para que los sicarios del Cártel de Sinaloa “hagan el resto”. Son afirmaciones contenidas en el trabajo académico-militar.

En el mismo documento de uso cerrado se advirtió que “las fuerzas federales han debilitado a todos los otros cárteles, [pero] el Cártel de Sinaloa ha demostrado ser inmune a la crisis y está creciendo”. Más aún, “ha sido el más beneficiado durante la crisis que se presenta en México contra la delincuencia organizada”. Y es que “según fuentes abiertas nacionales e internacionales, la prioridad del actual gobierno mexicano es mantener controlados los niveles de violencia y no la eliminación de los cárteles”.

La investigación de los militares citados se basó en fuentes abiertas y confidenciales y documentos clasificados. Claramente explica el fortalecimiento del Cártel de Sinaloa y la utilización de esta organización como “mano útil” del gobierno de Felipe Calderón.

“Dondequiera que haya un conflicto en México entre dos o más facciones o escisiones, se encuentra la mano útil del CDS [Cártel de Sinaloa]”, señala el documento en su página 39.

También destaca la inacción de las fuerzas federales en zonas controladas por otro cártel, el del Golfo. Así, en ciudades como Monterrey han sido “pocas [las] acciones por parte del gobierno para mantener el estado de derecho”.

En la tesis, los militares identifican a las nueve principales organizaciones criminales dedicadas al trasiego de drogas en el país y que estaban generado la mayor violencia en ese entonces: Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo, Los Zetas, Organización de los Arellano Félix, Cártel del Pacífico Sur, Cártel Independiente de Acapulco, Los Caballeros Templarios, Organización Vicente Carrillo Fuentes o Cártel de Juárez y Cártel Jalisco Nueva Generación.

En el documento se habla de una alianza entre los cárteles más poderosos –Sinaloa y del Golfo– para enfrentar a sus enemigos comunes. Incluso señala el apoyo de sicarios de Sinaloa en Nuevo León y Tamaulipas y del Golfo en los estados del Pacífico. En contraparte, las demás organizaciones hicieron alianzas entre sí para enfrentar a las dos grandes.

Explica que la organización que encabezaban Ismael Zambada Niebla, el Mayo; José Esparragoza Moreno, el Azul, y Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, “a causa de sus múltiples frentes en el país”, tuvo que “redistribuir sus células de combatientes de las regiones que tenía consolidadas bajo su control –tales como Tijuana, Durango y Acapulco– con el fin de acelerar y asegurar su control”.

Del Cártel del Golfo, la tesis señala que casi fue aniquilado por los Zetas. Sobrevivió gracias a la alianza que estableció con el cártel de Sinaloa. Logró el control total de la “plaza” de Matamoros, Tamaulipas. La ciudad “es vital para la subsistencia del cártel del Golfo, ya que es una ruta directa de contrabando hacia Estados Unidos y también es puerto de entrada de narcóticos”.

Del Cártel de Sinaloa, señala: es “el grupo delincuencial mexicano más grande y con mayor cohesión. Actualmente se encuentra prácticamente en todas las ‘plazas’, ya sea en alianza con los delincuentes locales y los de otros cárteles o peleando por el control”.

Explica que esta organización es la más cohesionada y ha logrado diversificar sus fuentes de ingreso, que van desde drogas hasta la exportación de aguacate.

Los autores señalan que a estrategia real de Felipe Caderón era propiciar que los cárteles grandes absorbieran o eliminaran a los pequeños. De hecho, ése sería el papel asignado al Cártel de Sinaloa.

“Sinaloa podría utilizar esa posición dominante para mantener [a] los grupos más débiles bajo control, lo cual es uno de los propósitos del gobierno.”

Incluso, documenta, se buscó golpear a los liderazgos que estaban surgiendo y que pudieran compertir con el de Sinaloa.

Una relectura de este trabajo académico, que no está disponible para el público, nos muestra que los militares tuvieron claro siempre que no buscaban acabar con los cárteles del narotráfico. Y que trabajaban junto con el Cártel de Sinaloa, prncipalmente, y el del Golfo para elimitar o someter a todos los demás.

Y queda claro que no se trató de un García Luna aislado, cómplice él solo, del narcotráfico. Se trataó de una política secreta del Estado mexicano mientras fue encabezado por Felipe Calderón.

¿Qué tanto declarará Genaro? Lo que queda claro es que el mayor cómplice no sería él, sino su jefe, el entonces presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. CONTRALINEA.

Especiales | Las Cuentas del Cártel de Sinaloa

REPORTAJE ESPECIAL

Por Roberto Medina / méxicodigital noticias

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) sigue la ruta del dinero vinculado a una red internacional de tráfico de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa, cuyas operaciones financieras han tenido origen o destino en Culiacán, Tijuana, China (Taiwán), Hong Kong y Estados Unidos.

De acuerdo con los avances de las investigaciones encabezadas por el doctor Santiago Nieto –y que incluyen cooperación internacional–, los bancos utilizados para las transacciones criminales son: Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank (la matriz estadunidense), Banamex Citibank, Citibank Taiwan Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch.

Las indagatorias han arrojado evidencias en torno a 26 transferencias internacionales en moneda nacional (por 4 millones 120 mil 567 pesos) y 30 en moneda extranjera (por 99 mil 17 dólares), realizadas por 11 personas físicas y morales vinculadas al Cártel de Sinaloa, y cuyas actividades ya son monitoreadas por las autoridades federales.

Respecto de las transacciones en pesos, éstas se han hecho en los bancos Hongkong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank Taiwan Limited y China Merchants Bank Hong Kong Branch; y las de dólares, en HSBC Bank USA, HSBC Bank Taiwan Limited, Citibank (EU) y Banamex.

La UIF ha logrado identificar también que en el epicentro de este entramado criminal –que involucra a 10 personas y seis empresas– está una sociedad dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y medicamentos, domiciliada tanto en Culiacán como en Tijuana.

En ambas ciudades mexicanas inicia la cadena financiera que conecta toda la ruta del fentanilo que el Cártel trasiega a Estados Unidos: de acuerdo con la UIF, siete de las 10 personas identificadas depositan dólares en efectivo en las cuentas abiertas por esa farmacéutica en sucursales de Banamex. Luego este dinero se dispersa en tres vías: 1) se retira en efectivo vía cheques, 2) se transfiere a cuentas de las otras cinco empresas, y 3) se traslada a las cuentas en el extranjero.

Respecto de las operaciones internacionales, la Unidad de Inteligencia Financiera ha documentado que la empresa epicentro transfirió 4 millones 120 mil 567 pesos a las cuentas bancarias radicadas en Taiwán, entre 2013 y 2019.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, esa farmacéutica no opera totalmente de forma clandestina: está registrada como sociedad anónima de capital variable a la cual, incluso, el Servicio de Administración Tributaria le autorizó deducciones del impuesto sobre la renta por 4 millones 307 mil 821 pesos en el gobierno de Enrique Peña (ejercicios fiscales de 2013 a 2017).

En ese periodo, declaró ante el SAT ingresos totales por 3 millones 868 mil 340 pesos e ISR causado por cero pesos, motivo por el cual la UIF ha determinado discrepancias sustanciales en materia financiera y fiscal.

Aunado a lo anterior, entre 2016 y 2019, esa empresa realizó importaciones de cloruro de amonio, tejidos de fibra de vidrio, una fuente de poder, una tarjeta electrónica, entre otros productos, por 2 millones 954 mil 522 pesos.

Durante la indagatoria, la UIF descubrió tres graves anomalías: la primera, que el cloruro de amonio que importa de China es un precursor en la fabricación de drogas sintéticas ilegales, incluido el fentanilo; la segunda, que no se puede determinar que el origen del efectivo depositado en sus cuentas sea lícito, pues no corresponde a relaciones de carácter profesional o empresarial; y la tercera, que “dentro del periodo de análisis no registra pagos de nómina ni de impuestos, no se localizó página web, y no se logró ubicar el domicilio de la empresa”.

Pese a ello, “en 2018 y 2019, se localizan importaciones definitivas por 592 mil 922 pesos, siendo la mercancía [el] cloruro de amonio proveniente de China y con destino al Aeropuerto Internacional de Manzanillo, Colima”, indica la institución que encabeza Santiago Nieto.

La autoridad que depende de la Secretaría de Hacienda también determina que hay un “esquema de operatividad incongruente” con las personas que realizan los depósitos en efectivo a su favor. En algunos casos incluso observa que el sujeto “no tiene permanencia de recursos” y “no registra actividad que justifique las operaciones financieras”.

Y es que las personas involucradas se dedican supuestamente a: comercio de prendas de vestir; administración de bienes inmuebles; servicios veterinarios para mascotas; laboratorios de análisis clínicos; sistemas; compra venta de cerveza; jefe de departamento de contabilidad de servicios de salud de Sinaloa; compra venta de productos textiles. Los otros tres sujetos son identificados como: madre y cotitular del negocio veterinario; accionista y apoderado legal de una de las empresas; y representante legal de otra.

Además, las indagatorias detallan que dos de las seis empresas involucradas se dedican a: compra venta de aparatos eléctricos; y fabricación de refacciones y maquinaria industrial. Ambas son claves en el entramado criminal y están ligadas al taiwanés nacionalizado mexicano Chian Li Chun, detenido en Culiacán el 9 de mayo de 2019, acusado de delitos contra la salud en su modalidad de producción de fentanilo para el Cártel de Sinaloa. Este personaje figura como accionista y apoderado legal de la primera empresa, y como dueño y apoderado legal de la segunda. Además, registra la compra venta de productos textiles como su actividad individual.

Pero regresemos a la ruta del dinero en la farmacéutica, que es la empresa epicentro: una vez depositado el efectivo en sus cuentas, ésta traslada los montos en dólares a su cuenta de cheques, y después los retira en efectivo en pesos. En estas últimas operaciones participan sus accionistas y representante. Y aquí es justo donde todo conecta: ese dinero se deposita en las cuentas de las empresas de Chian Li Chun, y éstas a su vez los transfieren a cuentas de Hong Kong, Taiwán y Estados Unidos.

Tan sólo la empresa que compra y vende aparatos eléctricos realizó transferencias internacionales a esos territorios por 1 millón 241 mil dólares, y por 307 mil pesos, entre 2017 y 2019. Al determinar que sus ingresos no corresponden con el tamaño de sus egresos, la UIF clasifica a esa persona moral “bajo esquema de operatividad incongruente significativa”.

Además la investigación apunta que, de 2017 a 2019, Chian Li Chun transfirió 5 millones 637 mil 748 pesos de sus cuentas personales a cuentas de Hong Kong y Taiwán. Parte de esos recursos provenían de las arcas de la farmacéutica.

De acuerdo con los avances de la indagatoria, el dinero no es la única evidencia de los nexos entre el taiwanés-mexicano ligado al Cártel de Sinaloa y la farmacéutica que ha importado el precursor del fentanilo: además hay “coincidencias telefónicas” derivadas del rastreo especializado de líneas de telefonía fija y móvil.

Para la UIF, a partir de montos menores detectados en el sector financiero se reveló “una red de transporte y procesamiento del narcótico”. De julio a septiembre de 2017, dicha red vinculada al Cártel de Sinaloa “registró depósitos por 15.5 millones de pesos y retiros por 15.3 millones”.

Según la institución que tutela el doctor Santiago Nieto, la supervisión y fiscalización de recursos han permitido desarticular varias empresas y apoyar a la SEIDO y a gobiernos extranjeros a frenar la operación ilegal.

Entre los apuntes que hace sobre la farmacéutica está que “de 2018 a 2019, envió transferencias internacionales por 1.1 millones de pesos, principalmente a Hong Kong, China y Taiwán, siendo diversas personas físicas los beneficiarios de recursos. Y que de 2016 a 2019, recibió cheques interbancarios por 5 millones de pesos, y emitió cheques por 31.2 millones de pesos”.

No obstante, en “descargo” de los bancos que han prestado servicios financieros a esta red internacional vinculada al Cártel de Sinaloa, la UIF apunta que la alerta sobre este caso se dio “por la instituciones financieras, debido a que [la empresa] recibe recursos en efectivo en un mismo día con diferencia de minutos por montos inferiores al umbral de relevantes y los cuales dispone en su totalidad la persona moral”. Contralinea

ESPECIALES NARCOTRAFICO

Enero 4, 2020.

Tulum, Qr.

Especiales narcotráfico: Albino Quintero socio de Mario Villanueva

Por Roberto Medina .

Era el operador del cártel de Juárez en la ruta Veracruz-Cancún. Por la plaza pagó 15 millones de dólares, según declaró un testigo ante la PGR.

Aunque no ha sido mencionado en la lista de presuntos cómplices de Genaro García Luna – ex secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón –el nombre de Miguel Ángel Yunes Linares,ex gobernador de Veracruz, aparece citado en múltiples expedientes que lo mismo lo vinculan con la fuga de Joaquín Guzmán Loera –“El Chapo” –en enero 2001 que en la protección del narcotraficante Albino Quintero Meraz, quien se afincó en Veracruz en el gobierno de Patricio Chirinos, donde Yunes figuró como poderoso secretario General de Gobierno.

Tras la renuncia de Yunes al PRI lo primero que hizo fue afiliarse al Partido Acción Nacional y en el año 2000, con el triunfo de Vicente Fox, Yunes Linares se colocó en una posición importante dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, a cargo de Ramón Martín Huerta, quien falleció junto con otros funcionarios de esa dependencia en un accidente de helicóptero, cuyas causas –según se dijo –tuvieron que ver con el crimen organizado.

El helicóptero fue derribado, aunque otra versión sostuvo entonces que se perdió en un banco de niebla y se desplomó debido a una falla técnica. En aquella ocasión, varios funcionarios de la Secretaría de Seguridad que iban a un evento al penal de La Palma, fallecieron. Yunes Linares, extrañamente, no se subió a esa aeronave. No acudió al evento.

Lo extraño de todo es que, en cambio, sí fue el primero en llegar al lugar donde cayó la aeronave. Arribó en caballo. ¿Por qué Yunes no iba con el equipo de Ramón Martín Huerta? Nadie lo sabe.

Desde entonces, Yunes y García Luna estrecharon fuertes lazos. García Luna, formado en los sótanos del Cisen, dirigía la Agencia Federal de Investigación, una policía científica, según dijo entonces, que se abocaría a la indagación de los delitos. Fue un fiasco.

En aquel tiempo, Yunes Linares era fuertemente mencionado por la fuga de “El Chapo” Guzmán, ocurrida en enero de 2001, unos días después de que Vicente Fox tomó posesión como presidente de México.

Sin embargo, nunca fue investigado.

En los años noventa, Yunes Linares fue un hombre poderoso en el gobierno de Veracruz. Fungió como secretario General de Gobierno. El gobernador era Patricio Chirinos, amigo de Carlos Salinas, un político que no era veracruzano y padecía una enfermedad grave: alcoholismo, el cual lo alejaba frecuentemente de la escena pública.

En ese tiempo, el narcotraficante Albino Quintero Meraz abandonó la plaza de San Luis Río Colorado, Sonora. Se dijo que los hermanos Arellano Félix, jefes del cártel de Tijuana, lo querían asesinar. Su cabeza, se dijo, tenía precio.

Por ello, Albino Quintero –una pieza importante del cártel de Juárez –se cambió a Veracruz y, de acuerdo con la averiguación previa 1226/MPFADS/98, le vendió la plaza al capo por 15 millones de dólares. Esto lo declaró el testigo “Sergio”, cuyo verdadero nombre es Carlos Alberto Treviño Escobar.

El exchofer de Albino Quintero señaló que Miguel Ángel Yunes acudía a las reuniones que Quintero realizaba en Cancún, Quintana Roo, donde se reunía con el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, quien, por cierto, puede salir en cualquier momento de prisión debido al indulto que tramita el gobierno federal.

El testigo dijo que Villanueva, Quintero Meraz y Yunes abordaban el yate “Ashley” y que navegaban en altamar para ponerse de acuerdo respecto de los negocios en puerta.

Tan pronto de afincó en Veracruz, a mediados de los años noventa, Albino Quintero se alió conOsiel Cárdenas Guillén, jefe del cártel del Golfo, a pesar de que militaba en el cártel de Juárez: ambos cerraron un trato y pronto comenzaron a introducir cocaína a través de Guatemala y Chiapas. Albino se encargaba de la parte logística: operaba todo lo necesario para el reabastecimiento de combustible de las avionetas que se utilizaban en dichas operaciones.

Quintero Meraz vivía en el puerto de Veracruz. Ahí adquirió una casa en el lujoso fraccionamiento Costa de Oro –donde viven empresarios, abogados, políticos y criminales –y curiosamente la residencia que compró está junto a la casa de Miguel Alemán, exgobernador de Veracruz, en cuyo gobierno Quintero Meraz operó impunemente.

En realidad, Quintero Meraz era una pieza importante del cártel de Juárez y punta de lanza de los planes de ese grupo criminal, el cual se extendió a Quintana Roo, donde operaba Alcides Ramón Magaña, “El Metro”, operador y enlace, según los expedientes de entonces, con el entonces gobernador Mario Villanueva, “El Chueco”.

Se asegura que Quintero Meraz introducía la droga por Chiapas y luego la movía a Estados Unidos a través de Cancún y Tamaulipas. En Cancún también recibía cargamentos provenientes de Centro y Sudamérica. Explotaba como nadie la llamada ruta del Caribe.

En Veracruz, Albino Quintero tenía todo muy bien controlado. Contaba con la protección del gobierno estatal, de la policía y hasta de la prensa, pues nadie lo mencionaba.

Albino Quintero fue detenido en 2002 por el Ejército, durante un operativo implementado en el puerto de Veracruz. Lo internaron en el penal de La Palma, en el Estado de México. En agosto de 2014, un juez lo sentenció a 10 años de cárcel, tiempo que el capo ya había compurgado. Por esa razón salió de prisión, y ganó el juicio a pesar de que la PGR apeló la sentencia.

Actualmente, Quintero Meraz está libre y seguramente regresó a sus andanzas.

Sus protectores, entre ellos Miguel Ángel Yunes Linares, nunca fueron investigados por la presunta protección que otorgó al capo ni por la fuga de Guzmán Loera. Ahora falta ver si las autoridades lo vinculan con el caso de Genero García Luna, quien fue su asesor en materia de seguridad cuando fungió como gobernador de Veracruz.

Con información de Méxicodigital noticias

Tulum, Qr. 30/12/19′

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Felipe Calderón, vinculos crimen organizado 🎬Reporte Indigo

Conspiración y vínculos con el crimen organizado

Conspiración y vínculos con el crimen organizado son algunos de los temas con los que hoy carga Felipe Calderón Hinojosa; acusaciones que comenzaron con el arresto del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y que han mantenido una evolución desfavorable para las aspiraciones políticas y credibilidad del expresidente de México.

Con la captura del exfuncionario federal por los presuntos delitos de cohecho y conspiración para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, no sólo se está transformando la visión del sexenio del político michoacano, sino que potencialmente sus posibilidades de regresar al tablero electoral a través de la creación de su partido México Libre se acabaron.

Este viernes, el excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, afirmó en entrevistas para medios nacionales que Genaro García Luna, en efecto, mantuvo vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Una alianza en donde García Luna actuaba –de acuerdo con las declaraciones del testigo– más como un capo que como un funcionario federal.

El excomisario de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, afirma haber puesto al tanto a Felipe Calderón de los ilícitos cometidos por García Luna a través de una serie de cartas que no fueron atendidas

“No era combate al crimen, lo que (García Luna) tenía era una sociedad (…) era el Cártel de Genaro García Luna, otro cártel que se anexaba a la competencia del tráfico de drogas”, afirmó.

Sin embargo, la declaración de Herrera Valles –brindadas a menos de 72 horas de la captura en el estado de Texas del integrante del gabinete en el periodo 2006- 2012– también abonó un importante elemento de análisis para la investigación, pues el testigo afirmó haber puesto al tanto a Felipe Calderón de tales ilícitos a través de una serie de cartas que no fueron atendidas ni mucho menos investigadas durante su sexenio.

Con información de “Reporte Indigo”.

Domingo 22, Diciembre, 2019.

Felipe Calderón es el máximo saqueador de Pemex de los últimos 42 años, según investigación periodística.

Por ANDRÉS ROCHE / méxicodigital noticias  / EDITOR GENERAL

En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2007-2012), la producción petrolera sexenal ocupó el cuarto lugar en los últimos 42 años. La venta del llamado oro negro fue impresionantemente elevada, con ingresos totales de 545 mil 496 millones de dólares por la comercialización de 5 mil 891.10 millones de barriles en 6 años, a un precio altísimo de 92.56 dólares por barril, el más alto en el periodo.

Con esos astronómicos ingresos, Calderón pudo haber pagado la deuda total de Petróleos Mexicanos (Pemex) con un sobrante de más de 300 mil millones de dólares. Por eso, hasta hoy, este pésimo y corrupto gobernante le debe una explicación al pueblo de México respecto al destino de estos impresionantes ingresos. Con estos datos, posiblemente el expresidente y expanista sea el máximo saqueador de Pemex y del país en los últimos 42 años.

Las estadísticas oficiales de la productividad petrolera anual y sexenal revelan que los ingresos por esta actividad sí permitían pagar la deuda de Pemex en las pasadas administraciones federales panistas de Vicente Fox Quesada y Calderón Hinojosa, y del priísta Enrique Peña Nieto.

Con el análisis de las cifras diarias, anuales y sexenales desde José López Portillo (1977-1982) hasta Peña Nieto –es decir, 7 sexenios (42 años)– se demuestra por ejemplo que el sexenio de López Portillo tuvo la menor producción petrolera promedio, con 3 mil 898.2 millones de barriles durante todo su sexenio, lo que significa un 84 por ciento menos que la producción del sexenio de Vicente Fox, con una producción exorbitante de 7 mil 161.30 millones de barriles. El problema es que Fox exprimió al máximo posible los yacimientos petroleros llegando a extraer 4 millones de barriles diarios en 2004.

En el caso de López Portillo y a pesar de que en su sexenio se empezó a explotar Cantarell, su producción diaria promedio sexenal fue de solamente 1.78 millones de barriles diarios, la más baja en los últimos 42 años.

Con Miguel de la Madrid se elevó la producción diaria a 2.57 millones de barriles, aunque su venta sexenal fue más baja que la de su antecesor, por la caída de los precios internacionales del barril de petróleo crudo con un costo promedio sexenal de 47.43 dólares por barril.

En el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1989-1994) la producción diaria de barriles fue la segunda más alta en 42 años, con 3.07 millones de barriles diarios, pero la venta fue la segunda más baja, ya que la caída de los precios del barril llegó a 28.39 dólares.

Con Ernesto Zedillo Ponce de León (1995-2000) la producción diaria ocupó el tercer lugar en 42 años, con 2.91 millones de barriles diarios vendidos al precio más bajo de 26.43 dólares por barril.

Ya en el sexenio de Fox (2001-2006), la producción sexenal promedio fue de 7 mil 161.30 millones de barriles, la más alta en 42 años con una elevadísima producción diaria de 3.27 millones de barriles diarios (su producción fue desmedida e irresponsable, tratando de agotar rápidamente los yacimientos de la Sonda de Campeche). Sus ventas fueron las segundas más elevadas en el periodo analizado, a pesar de que el precio promedio por barril fue de 48.50 dólares.

Pero, sin duda, el de Calderón Hinojosa (analizado al inicio) fue el más rentable. En el caso de su sucesor, Peña Nieto (2013-2018), la producción diaria promedio sexenal fue de 2.33 millones de barriles diarios, la quinta en 42 años, con ingresos por venta promedio de 331 mil 997 millones de barriles, con el tercer precio más alto –de 65.80 dólares– en el periodo. Este presidente tan corrupto como Fox y Calderón también tuvo los ingresos suficientes para pagar la deuda total de Pemex y posiblemente también la deuda del gobierno federal.

Y es que los números no mienten: en 1999, la deuda de la petrolera era de 12 mil 500 millones de dólares; en 2006, de 51 mil 160 millones de dólares; en 2012, de 58 mil 646 millones de dólares; y en 2018, de 103 mil 761 millones de dólares. En el gobierno de Calderón –el de más ingresos petroleros–, Pemex solicitó créditos por 13 mil 800 millones de dólares.

El descarado robo a Pemex

La ruina, la gran tragedia de Pemex y de México, han sido los grandes yacimientos petroleros descubiertos desde hace más de 120 años, aunque nuestros antepasados mesoamericanos ya utilizaban el crudo para decorar y pintar su cerámica de barro. De muy poco ha servido esa gran riqueza natural, pues quizá sólo un 20 por ciento de esa descomunal riqueza ha llegado a cuenta-gotas al pueblo mexicano.

Es importante recordar que en estos datos estadísticos oficiales no están considerados los robos históricos que desde 1938 han hecho todos los gobernantes, políticos, líderes sindicales, amigos y parientes de presidentes y gobernadores a la principal industria del país: Pemex.

Desde hace más de 50 años, buquetanques propiedad de directores de la petrolera y prestanombres de servidores públicos han robado permanentemente combustible de las plataformas marinas, de cientos de tanques de almacenamiento y de las agencias de ventas a la luz de día con lujo de descaro. El huachicoleo siempre ha existido solapado y en complicidad con la mayoría de los presidentes del país.

Los mexicanos nunca sabremos con certeza la verdadera producción diaria nacional. Difícilmente los mejores técnicos de Pemex podrán conocer la verdadera producción petrolera, por la complejidad de miles de tomas y salidas clandestinas del combustible crudo. Algunos técnicos y perforadores de la empresa del Estado que ahora están jubilados o fallecidos calculaban que las “fugas” representaban entre un 20 y 25 por ciento de su producción diaria, pero por supuesto que de estos datos no existen estadísticas oficiales y es probable que el porcentaje sea mucho mayor en cada sexenio.

Desde hace 42 años, Pemex ha tenido ingresos diarios promedio por la venta de petróleo crudo por 140.43 millones de dólares diarios, que significan 2 mil 808.6 millones de pesos diarios. Con estos recursos se puede pagar en aproximadamente 57 días el costo de la refinería de Dos Bocas, Tabasco, que ascenderá a 8 mil millones de dólares, lo que evitaría el financiamiento de los contribuyentes a esta innecesaria obra sexenal.

Con tanta riqueza petrolera, desde hace 42 años México pudo haber estado entre las primeras 15 potencias económicas del mundo, pero desafortunadamente nuestros gobernantes se robaron el patrimonio y el bienestar de muchas generaciones y sólo nos queda el desprestigio y la vergüenza de tener la empresa petrolera más corrupta e ineficiente del mundo y un pueblo, en su mayoría, devastado por la pobreza e inseguridad

Con información de ContraLinea

Por Méxicodigital noticias

Mérida, Yucatan 30 de noviembre.

Felipe Calderón, el Presidente que protegio Culpables, Salvador Garcia Soto.

Autor de la columna “Serpientes y Escaleras”, Salvador García Soto es uno de los periodistas críticos con amplia presencia en los medios …

SCJN, MINISTRO ARTURO SALDIVAR, NOS COMPARTE ESTE Articulo donde se recuerdan los hechos de las presiones de Calderón para encubrir el ASESINATO DE 49 bebes….

Foto Twitter del Ministro Zaldivar

¿Dónde topó la justicia? En el encubrimiento del propio Presidente al que le importaron más sus cuestionados y omisos funcionarios, que la vida de 49 niños que murieron y muchos otros que quedaron marcados de por vida…. Arturo Zaldivar Presidente de la SCJN

Conferencia Ministro ZALDIVAR en CNN

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Eran los primeros días de junio del 2010. Hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arribó apurado el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Bajó de su camioneta y subió hasta la oficina del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. “Vengo a pedirte en nombre del Presidente que reconsideres tu dictamen”, abrió el enviado de Los Pinos. El ministro se negó; hay argumentos jurídicos suficientes para sostener las responsabilidades de los funcionarios mencionados.

Es peligroso, siguió Gómez Mont, sentar un precedente sobre responsabilidades éticas o políticas que no están configuradas en las leyes, insistió. Lelo de Larrea volvió a negarse y defendió el análisis jurídico de su dictamen que lo llevó a concluir que la dimensión del caso de la guardería ABC, donde murieron calcinados y asfixiados 49 niños que estaban bajo custodia del Estado, ameritaba señalar claramente a los responsables, independientemente de sus cargos políticos o institucionales. Gómez Mont endureció el gesto y soltó ya en tono abierto de amenaza:

“Dice el Presidente que no se te olvide quién te postuló”. La amenaza era directa y el ambiente se tensó al máximo. “Dile al Presidente que no se le olvide que, independientemente de quien me postuló, yo trabajo para otro poder, que no es el suyo”.

Ahí terminó la plática. Gómez Mont salió de la oficina del ministro que se mantenía en su posición de defender un dictamen histórico, sólido y aplaudido por juristas reconocidos, que por primera vez señalaba como responsables directos a funcionarios y políticos de alto nivel de violaciones graves a las garantías individuales, y que sentaba un precedente al concluir que, por la gravedad del caso y las omisiones cometidas por autoridades de distintos niveles, la Corte debía fincar “responsabilidades éticas y políticas” a los funcionarios que estuvieron involucrados en aquel incendio que mató a 49 niños y dejó con lesiones graves a otros 104 pequeños.

No era la primera presión que sufría el ministro Lelo de Larrea desde que tomó el caso, en marzo del 2010, cuando la Corte decidió reasignarlo y dejar en sus manos aquel caso histórico, tal vez creyendo que su novatez como ministro y los vínculos que se le atribuían con el presidente Calderón, de quien fue maestro en la Escuela Libre de Derecho, harían que elaborara un dictamen dócil.

Arturo Zaldívar tampoco era el único ministro que había sido presionado sobre el tema, pero a diferencia de varios de sus compañeros, que terminaron cediendo a las presiones políticas del Ejecutivo.

Para cuando el caso llegó al pleno de los ministros en la Sala Superior, aquel miércoles 16 de junio de 2010, ya varios de los hombres y mujeres de la Sala Superior de la Corte, incluso algunos que en privado le decían a su compañero Zaldívar Lelo de Larrea que avalaban su dictamen y que coincidían con él en la trascendencia del caso, había decidido traicionar sus conciencias y agachar la cabeza ante la presión política del Ejecutivo. Como siempre lo hace cuando está de por medio una autoridad, especialmente del poder federal, la Corte falló por sacar del dictamen los nombres de Juan Molinar Horcasitas, Daniel Karam y Eduardo Bours Castello. A ninguno de ellos, ni a los otros 11 funcionarios de distintos niveles que proponía el ministro Zaldívar, se les señaló ningún tipo de responsabilidad, aun cuando varios ministros reconocieron en sus alocuciones que “sí hubo violaciones graves a las garantías individuales” de los menores y sus padres.

De hecho, 10 de los 11 ministros aceptaron que existió y se probó la violación de garantías en el incendio de la guardería ABC: Guillermo Ortiz Mayagoitia, Olga Sánchez Cordero, Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Fernando Franco González, Luis María Aguilar, José de Jesús Gudiño Pelayo (finado), Sergio Valls Hernández, Juan Silva Meza y el propio Zaldívar; Sergio Aguirre Anguiano fue el único que no reconoció esa violación; sin embargo, al final 10 ministro votaron por exonerar a los funcionarios al pedir que sólo se les mencionara como “vinculados” a la muerte de los niños y no como responsables, como lo proponía Arturo Zaldívar.

Hoy, a unas horas de que se cumplan dos años de aquellos hechos trágicos, varios de los padres de aquellos niños siguen clamando por justicia. El 29 de junio de 2009, cuando se lloraba aún sobre los cadáveres y algunos niños sobrevivientes se debatían entre la vida y la muerte, el presidente Felipe Calderón Hinojosa se comprometió públicamente desde Panamá: “habrá justicia (en el caso ABC) caiga quien caiga y tope en lo que tope”.

¿Dónde topó la justicia? En el encubrimiento del propio Presidente al que le importaron más sus cuestionados y omisos funcionarios, que la vida de 49 niños que murieron y muchos otros que quedaron marcados de por vida

Este articulo fue compartido en conferencia de prensa el dia jueves 10 de octubre de 2019 y escrito en la pagina del Ministro Presidente del Supremo Organo de Justicia de nuestro País y publicado en EL UNIVERSAL”

Noticias mexicodital

Por redacción / Roberto Medina

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